CDMX, 06 de marzo de 2018.- La historia de Patricia Aileen, una mujer oriunda de Tennesse en Estados Unidos sufrió un incómodo momento cuando fue detenida por un oficial del estado por no llevar el cinturón de seguridad.


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Aileen explicó que detuvo su camioneta en la autopista Interestatal 75 de Tennessee luego de revisar las las luces reglamentarias por parte del oficial, Isaiah Lloyd.

Una vez que se detuvieron ambos vehículos, Lloyd hizo bajar a la conductora y la colocó en la parte delantera del auto oficial como parte del protocolo. Segundos después, el agente se coloca por detrás de la mujer y comienza a revisarla de manera ‘profunda’.
Esta revisión pasaba de la parte alta de su pecho hasta la parte baja de su vientre, toda esta revisión quedó captada en la cámara de la patrulla.

El agente afirmó que su revisión la hizo con la finalidad de encontrar algún material amenazante en su cuerpo. En la denuncia que realizó la mujer expone que el oficial pasó sus manos por la zona interna del cinturón, y tocó sus nalgas y el área genital.

Luego de varios minutos de hacer esta revisión, el policía decidió dejarla ir, sin embargo, tres horas después volvió a detenerla, en esta ocasión fue cerca de su hogar, en el Condado de Campbell. Fue allí cuando la mujer se sintió acosada definitivamente por el agente y decidió denunciar al agente.

Por su parte, el fiscal Jared Effler señaló que la conducta del agente no se correspondía a su entrenamiento, sin embargo, su jefe directo defendió su actitud en un comunicado:

Luego de una cuidadosa consideración y revisión, el Comando de la Patrulla de Autopistas de Tennessee me ha respondido que el agente Isaiah Lloyd ha conducido su detención de tránsito de una manera profesional en un esfuerzo por proteger la vía pública”.

Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 1968 expone claramente que un oficial de policía no puede revisar físicamente a una persona si no cuenta con alguna prueba que le indique que puede ser peligroso.

El oficial actualmente enfrenta el cargo de acoso sexual y podría pagar una condena de dos a cinco años de prisión preventiva.


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Con información de EFE y AP


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